La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en informe con fecha de salida de 25 de Agosto de 2003 ha considerado incompatible el actual uso de las aguas de la Ribera del Cala (de las que se abastece entre otras la ciudad de Sevilla) con la explotación minera a cielo abierto de Aguablanca. Ecologistas en Acción de Extremadura considera muy acertada y lógica esta decisión ya que los riesgos de contaminación son muy altos y este uso minero del agua pondría en peligro la disponibilidad en cantidad y calidad suficiente del agua que necesitan los ciudadanos de Sevilla, para Ecologistas en Acción de Extremadura los ciudadanos no puede estar a expensas de una accidente como el ocurrido en Aznalcóllar o de la existencia de filtraciones de sustancias contaminantes como el arsénico que se podrían liberar con esta actividad y que es muy tóxico para todos los seres vivos.
En opinión de Ecologistas en Acción de Extremadura la falta de esta concesión de aprovechamiento hace totalmente inviable el proyecto y acusa a la empresa de intentar ocultarlo para continuar con su política de presión mediática, intentando que se apruebe lo imposible. Ecologistas en Acción de Extremadura solicita a la Junta de Extremadura que de carpetazo a este proyecto y se dediquen los fondos de incentivos regionales a otros proyectos más beneficiosos para el desarrollo sostenible de Extremadura.
Por otra parte, denuncian que la multinacional canadiense Río Nárcea Goldmines está sometiendo a una intensa presión al Ayuntamiento de Monesterio y a sus concejales pretendiendo que cometan ilegalidades como conceder una licencia de obras sin tener que se sepa hasta ahora la autorización para realizar la actividad, ni la reserva definitiva de la explotación minera, ni la recalificación urbanística que sería imprescindible, haciendo creer que el inicio de la explotación es inmediata.
La posible recalificación urbanística antes de poderse llevar a cabo debería ser debatida previamente en pleno municipal y el grupo ecologista pide a los representantes políticos de Monesterio su voto contrario hasta que el proyecto no tenga unas mayores garantías ambientales, se realice un nuevo estudio de impacto ambiental riguroso, se garantice que buena parte del beneficio económico y el empleo que podría producir la mina queda en Extremadura y se compruebe que el daño económico y ambiental que va a producir no es mayor que el beneficio económico a corto plazo.
Además los ecologistas han denunciado ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y ante el Ayuntamiento de Monesterio las obras ilegales que está realizando la empresa Río Nárcea Goldmines en un nuevo paso de su política de hechos consumados, la multinacional canadiense está realizando obras en Aguablanca, en concreto una fosa séptica, sin contar con la pertinente licencia de obras en suelo rústico, lo cual podría ser constitutivo de delito.
Además desde esta Asociación se denuncia la petición de solicitudes parciales algunas incluso firmadas por los antiguos propietarios de las fincas lo cual es inaceptable y pone de relieve lo mal que se ha realizado el estudio de impacto ambiental por parte de la empresa que ha intentado ocultar muchos de los impactos de esta actividad. En este sentido desde Ecologistas en Acción de Extremadura se pide a los políticos extremeños que están consintiendo estos hechos más claridad y transparencia porque en caso contrario Ecologistas en Acción de Extremadura no descarta acciones judiciales contra los mismos para delimitar responsabilidades por acción u omisión del deber.
Según las informaciones de que dispone Ecologistas en Acción de Extremadura la empresa está solicitando o está en vías de hacerlo un vallado, la tala de encinas centenarias, asfaltado de una vía pecuaria (algo que es completamente ilegal), todo esto para esta Asociación resulta impensable de una región como Extremadura y es más propio de las prácticas que estas empresas norteamericanas lamentablemente realizan en paises del tercer mundo. En opinión de esta Asociación la empresa debería haberlas incluido en su estudio de impacto ambiental y solicitar su impacto ambiental conjunto y a su nombre para no eludir sus responsabilidades.
Ecologistas en Acción de Extremadura pide que se investigue el proceso de evaluación de impacto ambiental (cuya declaración de impacto ha sido recurrido por la Junta de Andalucía) muy poco riguroso en el prácticamente no se han tenido en cuenta y se han ocultado en su mayor parte las alegaciones presentadas por particulares y Asociaciones como Ecologistas en Acción de Extremadura. Desde esta Asociación se preguntan porque no se ha establecido una fianza a la empresa que garantice la restauración ambiental y espera que se clarifique quienes tendrán las reponsabilidades penales y políticas en caso de catástrofe ecológica para que no pase lo mismo que ocurrió en Aznalcóllar que pese al gravísimo coste económico (más de 100 millones de Euros) y social ( 500 agricultores tuvieron que abandonar sus tierras) del accidente no ha habido ningún responsable político ni penal y se han gastado cantidades ingentes de dinero público, parte del cual fue directamente a la empresa Sueca Bolidén en forma de subvenciones públicas.
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